La Comunidad Valenciana publicó en mayo el plan de inspecciones de certificaciones energéticas. Este plan incluye acciones tanto para controlar a los técnicos que realicen los certificados como a los promotores y propietarios. Además, también se controlarán a las entidades privadas que se vayan a encargar de estos controles cuando no los haga directamente la administración regional. Más información aquí.
Se suma así Valencia a las comunidades que ya han comenzado con los controles que les obliga el Real Decreto 235/2013. Madrid, Navarra y Cataluña ya comenzaron dichos controles hace unos meses, lo que dio como resultado la apertura de varios expedientes a agencias inmobiliarias y una sanción ejemplarizante a un técnico de la Comunidad de Madrid por falsear el resultado de un certificado (4.000 € de multa por dar una calificación A a una vivienda que en realidad era una C).
Sin embargo, hay que recordar que aunque las administraciones regionales tarden más o menos en realizar las inspecciones, el mayor peligro que puede tener un propietario o promotor que no facilite el certificado a un comprador o arrendatario, es que éste le denuncie más adelante y se pudiera considerar el contrato de compra-venta o alquiler nulo en todo o en parte. El certificado es información relevante para la decisión de compra o alquiler según la Ley, y sin ese dato es lo mismo que si, por ejemplo, omitimos defectos en el inmueble. Esto puede ser realmente grave en los alquileres, donde una sentencia desfavorable puede haber supuesto la perdida de muchos meses de renta. Y en el caso de locales comerciales, aún más grave por la cuantía de estas rentas.
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